En Maryland, existen brechas de equidad en cuanto a la obtención de títulos educativos entre los adultos en general.

• En el estado, el 28% de los adultos latinos tienen un título de asociado o superior, en comparación con el 53% de los
  adultos blancos no hispanos.
• Los estudiantes latinos se gradúan de instituciones de dos años con una tasa de cinco puntos porcentuales más baja que los estudiantes blancos: 23% y 28%, respectivamente.
• Aunque los estudiantes latinos egresan con altas tasas de instituciones de cuatro años, se gradúan con una tasa siete puntos porcentuales más baja que sus compañeros blancos: 69% y 76%, respectivamente.

La comunidad latina se ha visto afectada de manera desproporcionada por el COVID-19, con casi tres veces más casos por persona entre los latinos que entre los blancos, y una tasa de hospitalización 4.6 veces mayor. No obstante, los desafíos específicos que enfrentan los latinos en términos de resultados de salud y acceso a la atención médica anteceden ampliamente a la pandemia.

• Se espera que uno de cada dos latinos se convierta en diabético durante su vida.
• La diabetes a menudo trae asociados problemas de salud mental: uno de cada cinco diabéticos tiene síntomas depresivos. Sin embargo, los latinos tienen menos probabilidades de recibir tratamiento para la depresión, la ansiedad y otros problemas de comportamiento que sus homólogos blancos.

En respuesta a la emergencia creada por el Coronavirus y su impacto desigual en la comunidad de latinos de Maryland, se fundó Maryland Latinos Unidos en 2020, con el propósito de unificar los esfuerzos a través del estado para apoyar a toda la comunidad de latinos e inmigrantes. 

El Coronavirus ha impactado de manera desproporcional a los latinos. En abril de 2020, alrededor del 61% de los hispanos y el 44% de los negros en Estados Unidos informaron que o ellos o alguien en su hogar sufrió la pérdida de su trabajo o salario debido al COVID-19. Los trabajadores negros e hispanos están sobrerrepresentados en las industrias que han sido afectadas por los mandatos de distanciamiento social y las órdenes de permanecer en casa, tales como restaurantes, ventas minoristas y construcción, donde los latinos representan más del 25% de los trabajadores.

Debido al impacto económico del virus, las familias están experimentando dificultades en el pago de sus facturas mensuales. En mayo de 2020, el 44% de los hispanos aseguraron que no podían pagar algunas de sus facturas o que solamente harían pagos parciales. La pandemia no solo ha creado una crisis de salud, sino también una emergencia económica.

Los líderes comunitarios y las instituciones, tales como los bancos de alimentos locales, informan que las familias están sufriendo, y cuentan con poca o ninguna ayuda. Más aún, la asistencia que está disponible proveniente de organizaciones locales y organizaciones sin fines de lucro está funcionando a pleno rendimiento y bajo un estrés severo.

Las familias indocumentadas sufren el impacto más que la población general. Muchos trabajadores indocumentados han sido despedidos y otros están clasificados como empleados esenciales. Los trabajadores de las tiendas de alimentos, los trabajadores agrícolas, los empleados de las plantas procesadoras de carne, el personal de salud y los trabajadores de limpieza han puesto en riesgo su salud y la salud de sus familias durante estos tiempos inciertos. A menudo, estos valientes trabajadores no cuentan con el equipo de protección adecuado, pero perseveran y brindan los servicios que el público necesita.

Una vez que se enferman, nuestros inmigrantes, muchos de los cuales son trabajadores imprescindibles, se encuentran en una situación insostenible. Carecen de seguro médico y, en consecuencia, muchos dudan en buscar la atención adecuada o deciden renunciar a ella por completo. También tienden a vivir en espacios reducidos, lo que hace imposible una cuarentena efectiva. A esto se suma el miedo inculcado por la regla de Carga Pública Federal y el acceso limitado a la atención médica dentro de las comunidades de color e inmigrantes que desalienta a los miembros de la comunidad a hacerse la prueba y recibir tratamiento para el COVID-19.

Las disparidades en cuanto a salud se pueden identificar claramente. En Maryland, la mayor cantidad de casos de COVID-19 se encuentra en zonas con mayor población de residentes negros y latinos, con una gran proporción de personas inmigrantes e indocumentados.

Nuestra comunidad de inmigrantes indocumentados mantiene la economía en funcionamiento, sin embargo, estos han sido excluidos del alivio financiero federal y no son elegibles para el seguro de desempleo. Muchos trabajadores indocumentados pagan sus impuestos utilizando un Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN). El IRS estimó que los contribuyentes de impuestos ITIN pagan un estimado de $ 9 mil millones en impuestos sobre la nómina anualmente. En Maryland, los residentes indocumentados contribuyen aproximadamente con $ 139 millones en impuestos estatales, locales y sobre las ventas. A medida que la economía colapse, las desigualdades raciales y étnicas existentes se harán cada vez más severas.