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5 de marzo de 2025
Contacto: marketing@mdnonprofit.org | (410) 727-6367
Maryland Nonprofits y Maryland Latinos Unidos defienden el principio de que las áreas previamente protegidas deben permanecer a salvo de la aplicación de la ley de inmigración, por el bien de la salud y la seguridad de la comunidad. Nos oponemos firmemente a la reciente revocación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de su política de larga data que restringe la aplicación de la ley de inmigración en áreas protegidas, incluidos los centros de servicios sin fines de lucro, lugares de culto, escuelas y centros de salud. El uso de estos lugares seguros para la aplicación de la ley socava la confianza, interrumpe los servicios esenciales y pone en peligro la seguridad pública.
Durante más de tres décadas, el DHS ha reconocido que la aplicación de las leyes de inmigración en estos espacios disuadiría a las personas de buscar servicios esenciales sin ánimo de lucro, poniendo en peligro tanto el bienestar individual como la salud pública.
Hay que proteger los servicios vitales
Las personas necesitadas no buscarán ayuda si temen que entrar en las instalaciones de una organización sin ánimo de lucro pueda ponerlas en peligro. El uso de estas instalaciones para hacer cumplir la ley dará lugar a:
- Aumento de la inseguridad alimentaria, ya que las familias evitan las despensas por miedo,
- Los niños se retrasan en su educación porque no van a la escuela por miedo,
- Reducción del acceso a la atención sanitaria, incluidos los servicios de salud mental,
- Mayor riesgo de quedarse sin hogar por miedo a solicitar ayudas para la vivienda, y
- Inestabilidad económica, ya que las personas evitan los programas de formación para el empleo.
Los servicios públicos y sin ánimo de lucro deben estar al alcance de todos y ser de acceso seguro. Obligar al personal y a los voluntarios de las organizaciones sin ánimo de lucro a discriminar por su estatus migratorio o arriesgarse a violar su compromiso ético con el servicio a la comunidad no es razonable ni justo. Esta política desestabiliza a comunidades enteras y a los programas sin ánimo de lucro de Maryland que las atienden.
Llamamiento a la acción
Maryland Nonprofits y Maryland Latinos Unidos se complacen en ver que ha habido algún alivio limitado en los tribunales en apoyo de la protección de los espacios seguros. Apoyamos todos los medios legales para desafiar esta política perjudicial. Los demandantes -incluyendo las organizaciones sin fines de lucro en Maryland- argumentan con razón que este cambio de política viola las protecciones de la libertad religiosa en virtud de la Primera Enmienda y la Ley de Restauración de la Libertad Religiosa y es arbitraria y caprichosa en virtud de la Ley de Procedimiento Administrativo.
La Administración debe restablecer de inmediato las protecciones comunitarias para evitar daños innecesarios causados por las medidas de aplicación de la ley de inmigración en zonas protegidas o cerca de ellas. Instamos al Congreso a aprobar legislación que prohíba expresamente la aplicación de las leyes de inmigración en zonas protegidas, incluidos los proveedores de servicios sin ánimo de lucro, las escuelas, los centros sanitarios y los lugares de culto.
También instamos a los gobiernos estatales y locales de Maryland a que hagan todo lo posible por mantener seguras las zonas protegidas. Ninguna familia debería tener que elegir entre acceder a alimentos, educación, asistencia sanitaria o vivienda y el miedo a la deportación. Ninguna organización sin ánimo de lucro debería tener que operar bajo la amenaza de una intrusión gubernamental que menoscabe su misión legal.
Maryland Nonprofits y Maryland Latinos Unidos mantienen su compromiso de garantizar que todas las organizaciones sin ánimo de lucro puedan seguir sirviendo a sus comunidades sin interferencias gubernamentales ilegales.
