En Maryland, las organizaciones sin ánimo de lucro son entidades privadas y, por lo general, no están obligadas a celebrar "reuniones abiertas" a menos que hayan sido creadas por acción gubernamental o a menos que la organización haya sido obligada a hacerlo por una entidad gubernamental que financie a la organización. Sin embargo, recibir financiación gubernamental no suele exigir "reuniones abiertas".
Según el Manual de la Ley de Reuniones Abiertas, publicado por la oficina del Fiscal General de Maryland, el primer paso para quien impugne una reunión a puerta cerrada es determinar si se aplica la Ley de Reuniones Abiertas. Eso depende de la autoridad legal formal para la existencia del organismo. Por lo general, los órganos gubernamentales como los consejos municipales, las juntas de comisionados y los consejos escolares deben cumplir la Ley de Reuniones Abiertas. Además, las juntas, comisiones, comités y otros organismos que funcionan como subgrupos de un organismo público o que son creados por un organismo público también pueden estar sujetos a la Ley.
Las corporaciones privadas que hacen negocios con un organismo gubernamental no tienen que cumplir la Ley de Reuniones Abiertas. Sin embargo, si un organismo gubernamental crea una corporación pública para cumplir alguna función pública, el Manual de Reuniones Abiertas establece que la corporación y el organismo público que la creó no pueden utilizar ese medio para eludir la Ley de Reuniones Abiertas.
La Ley de Reuniones Abiertas no cubre los organismos que no hayan sido creados por un funcionario u organismo público, o por una ley estatal o local.
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