A medida que se desarrolla la sesión de la Asamblea General de Maryland de 2024, una serie de proyectos de ley están a punto de tener un impacto significativo en las diversas comunidades de todo el estado atendidas por las 40.000 organizaciones sin ánimo de lucro de Maryland. Estos esfuerzos legislativos se centran en una variedad de cuestiones críticas, desde la asequibilidad de la atención sanitaria hasta la equidad social, marcando un posible punto de inflexión en el compromiso de Maryland con sus residentes más vulnerables.
Plan Fair Share Maryland: Se trata de una propuesta fundamental para la sesión de la Asamblea General de Maryland de 2024, que pretende renovar el sistema fiscal del estado para hacer frente a una inminente crisis presupuestaria. Al abordar las lagunas del impuesto de sociedades y garantizar que las personas más ricas contribuyan proporcionalmente, el plan pretende generar importantes ingresos para el estado, que podrían canalizarse hacia servicios públicos fundamentales como la educación y los sistemas de transporte. Estas mejoras benefician a las comunidades marginadas y con bajos ingresos a las que sirven las organizaciones sin ánimo de lucro. El éxito del plan depende del apoyo legislativo, la defensa pública y los esfuerzos de colaboración para crear un sistema fiscal más justo, que promueva la equidad y la justicia social para todos los residentes de Maryland.
Designación de Comunidad Justa (SB308 / HB241) y la Ley ENOUGH (SB482 / HB694): Estos proyectos de ley están destinados a remodelar el enfoque del estado hacia la justicia racial, la equidad y los derechos civiles. La Designación de Comunidad Justa centra los recursos estatales en las comunidades desproporcionadamente afectadas por las desigualdades económicas y de vivienda y los efectos de las políticas y prácticas discriminatorias. Mientras tanto, la Ley ENOUGH adopta un enfoque holístico para aliviar la pobreza, incluido un énfasis en la eliminación de la pobreza infantil, prometiendo una fuerte inversión en las zonas más empobrecidas del estado. Estos proyectos de ley señalan colectivamente un compromiso renovado para desmantelar las barreras sistémicas y fomentar el crecimiento equitativo, beneficiando directamente a los electores en el corazón de las misiones sin ánimo de lucro.
Ley para reducir el coste de los medicamentos recetados para todos los habitantes de Maryland (SB388 / HB340): En respuesta directa a la creciente crisis sanitaria, este proyecto de ley pretende hacer que los medicamentos con receta sean más accesibles y asequibles. Al facultar a la Junta de Asequibilidad de Medicamentos Recetados de Maryland para establecer límites de pago para los medicamentos de alto coste, la legislación podría reducir drásticamente la carga financiera de las personas que luchan con los costes sanitarios. Esta medida es especialmente importante para las personas mayores, discapacitadas y con bajos ingresos, que a menudo se ven obligadas a elegir entre medicamentos esenciales y otras necesidades básicas.
Ley de Reparaciones de Maryland (SB622): Esta propuesta pretende abordar las injusticias de larga data y el racismo sistémico arraigado en la historia de Maryland. Al explorar las reparaciones, el proyecto de ley reconoce la necesidad de medidas tangibles para rectificar los daños del pasado. Esto podría dar lugar a programas e iniciativas innovadores destinados a mejorar las comunidades que han soportado el peso de la discriminación y la desigualdad históricas.
Ley de acceso a la atención sanitaria (HB728): Esta ley, centrada en la accesibilidad de la atención sanitaria, podría aumentar la disponibilidad de servicios médicos en zonas desatendidas. Al mejorar el acceso, el proyecto de ley tiene el potencial de mejorar los resultados sanitarios de las comunidades que tradicionalmente han carecido de recursos sanitarios adecuados. Esto es especialmente importante en zonas rurales y urbanas empobrecidas, donde el acceso a profesionales e instalaciones sanitarias suele ser limitado.
Vivienda: Las propuestas del gobernador Wes Moore en materia de vivienda en Maryland van a influir en el panorama inmobiliario del estado. La Ley de Expansión y Asequibilidad de la Vivienda (SB484 / HB538) se centra en incentivar el desarrollo de viviendas asequibles, sobre todo en zonas cercanas a estaciones de tránsito y para organizaciones sin ánimo de lucro que ofrezcan un número considerable de unidades asequibles. La Ley de Financiación de la Vivienda y el Desarrollo Comunitario (SB483 / HB599) crea la Corporación de Inversión Comunitaria de Maryland, destinada a canalizar fondos federales hacia proyectos comunitarios locales.
Además, la Ley de Derechos de los Inquilinos y Estabilización de la Vivienda (SB482 / HB694) protege a los inquilinos de determinados desahucios y les ofrece la posibilidad de adquirir propiedades de alquiler en venta. En conjunto, estas propuestas pretenden abordar la crisis de la vivienda en Maryland, ofreciendo una combinación de incentivos al desarrollo, mecanismos de apoyo financiero y medidas de protección para los inquilinos, que podrían repercutir en las comunidades a las que sirven las organizaciones sin ánimo de lucro.
Acceso lingüístico: El proyecto de ley 987 de la Cámara de Representantes (HB987) tiene por objeto mejorar el acceso lingüístico de las personas con conocimientos limitados de inglés a los servicios públicos. Establece requisitos para que los departamentos, agencias y programas estatales establezcan planes de acceso lingüístico, esfuerzos de divulgación y políticas que garanticen un acceso equitativo. La ley HB987 pretende eliminar las barreras de comunicación, promover la inclusión y alinearse con objetivos más amplios de equidad y justicia, reflejando el compromiso de Maryland con un entorno accesible para todos los residentes.
Estos proyectos de ley clave marcan un posible punto de inflexión en el compromiso de Maryland con sus ciudadanos vulnerables. Reflejan una comprensión de los determinantes sociales interconectados y abordan la salud, el bienestar, la equidad y la justicia. El éxito de estos esfuerzos legislativos depende de la defensa continua, el compromiso público y la colaboración entre los legisladores, las organizaciones sin ánimo de lucro y las comunidades a las que servimos.
